Es una situación "preocupante" para el sector de tratamiento de
residuos, que genera unos 35.000 puestos de trabajo directos con un
volumen monetario superior a los diez mil millones de euros (1% del
Producto Interior Bruto), ha explicado en una entrevista con EFEVerde el
jefe del área Técnica de la
Federación Española de la Recuperación y el Reciclaje (FER) Nicolás Molina.
En
el caso de las plantas de reciclaje de aparatos eléctricos, la
inversión realizada en cada una de ellas, unos 10 millones de euros, es
difícil de amortizar ante la escasez actual de residuos, asegura Molina.
"Esta
situación es consecuencia directa de los robos que se producen en los
puntos limpios o en las propias plantas y de la falta de una gestión
correcta de los propios ciudadanos que los abandonan en la calle."
Según
sus datos, del millón de aparatos frigoríficos y congeladores que las
familias españolas dieron de baja en 2011 para su posterior reciclaje,
el 33%, unas 25.000 toneladas, se perdieron por canales ilegales.
Para
Molina, es un problema a nivel internacional en el que "mafias
especializadas" realizan asaltos profesionalizados a plantas de residuos
para vender los metales robados, especialmente el cobre, en China a
través de puertos europeos como Barcelona o Marsella.
Cuando se
compra un aparato eléctrico o con pilas, el consumidor paga una tasa
para financiar el correcto reciclaje de ese producto, que varía entre
los 10 euros de un frigorífico o los 3 de un microondas.
"Canibalizar el frigorífico"
Sin
embargo, siete años después de la puesta en vigor del decreto que
regula el sistema, hay operadores ilegales que asaltan el punto limpio y
"canibalizan un frigorífico", es decir, roban la parte más jugosa del
aparato, el compresor, el cual alberga en su interior metales lucrativos
como el cobre y metal férrico, detalla Molina.
Desde la
Federación argumentan que una mayor y mejor colaboración ciudadana
sumado a una estricta aplicación de la ley, para que se juzgue a los
"operadores ilegales" por el daño provocado y no por el valor del
material robado, ayudaría a que los residuos fuesen gestionados dentro
del marco legal establecido.
En 2011 los aparatos eléctricos que se pusieron en el mercado
ascendieron a 567 mil toneladas, pero de esa cantidad no todo genera un
residuo: cuando el consumidor compra un aparato eléctrico muchas de la
veces no deja otro para reciclar.
Según estimaciones de la
Federación, alrededor de un 70% de los RAEE son gestionados: un 30 % de
ellos por los Sistemas de Gestión Integrados (SIG), otro 30 % por
gestores autorizados que trabajan según la normativa vigente y un último
tercio por gestores ilegales que no dan un tratamiento correcto a los
residuos.
Fraude
La gestión de los residuos
que escapan del canal legal conlleva un fraude tanto a la Hacienda
pública como a la Seguridad Social ya que la actividad se realiza de
forma "sumergida" sin dar de alta a los trabajadores ni pagar las
correspondientes contribuciones de impuestos, detalla el gerente de la
empresa andaluza de residuos Recilec, Leonardo Díaz Pineda,
En Andalucía, según datos aportados por
Recilec,
se generan 8 kg habitante/año de RAEE, lo que produce un volumen de
67.392.000 Kg de residuos y en 2011, argumentan, sólo se han gestionado 3
Kg habitante /año, lo que supone un déficit del 62 %.
Desde la empresa de residuos eléctricos
Retralec ubicada
en la Comunidad de Madrid, explican que la menor cantidad actual de
residuos a tratar en su planta de reciclaje reduce los márgenes de
beneficio y provoca una disminución en las horas de operación de la
planta.
Esta situación, que mejora cuando la administración aplica
el plan Renove en los electrodomésticos, lleva implícito menos personal
y una mayor contención en el gasto.
Los agentes implicados en el
sector coinciden en exigir a las administraciones más "colaboración" ya
que en España se tiende a fragmentar mercados, por eso cualquier
autorización de gestión en una Comunidad Autónoma debe ser
automáticamente convalidada en el resto.
Asimismo advierten que la
legislación actual obliga a los ayuntamientos que tienen más de 5.000
habitantes a que tengan puntos limpios a disposición del ciudadano para
reciclar sus aparatos en desuso, cuestión que no se cumple en un alto
porcentaje. EFE
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